by

Uno de los grandes cambios en el Código de Bancarrota a cabo en 2005 por la Prevención del Abuso de Bancarrota y Protección al Consumidor (BAPCPA) es el requisito para los deudores para asistir a la asesoría de crédito antes de presentar la solicitud de quiebra y para completar un curso de educación financiera antes de recibir su aprobación de la gestión . Esta ley afecta a todos los residentes del Área de Sacramento que han considerado la presentación bajo el Capítulo 7 o Capítulo 13 de quiebra y sirve como un obstáculo absoluto para la descarga en caso de incumplimiento.

Los críticos de este requisito argumentan que las clases obligatorias añadir obstáculos injustificados a la aprobación de la gestión, son condescendientes, y poner los deudores que pueden estar experimentando dificultades económicas por causas ajenas a la suya, como los que han sido despedidos o incurrido en deudas médicas, en la misma categoría que los que son incapaces de manejar sus asuntos financieros. Los partidarios de las clases obligatorias marca el valor educativo de estos cursos proporcionan a un deudor. Para evaluar si estas clases obligatorias orden de justificación alguna, la Universidad de Illinois, junto con Money Management International (MMI), el más grande sin fines de lucro, de servicio completo de agencia de asesoría de crédito en marcha un estudio multifase que “los deudores a través de pistas del proceso de quiebra entero … para evaluar las necesidades de educación a largo plazo en su conjunto el bienestar financiero. ”

Los resultados preliminares del estudio, publicado hoy por la Universidad de Illinois, indican que el 99 por ciento de los deudores observó mejoras en sus actitudes, intenciones de comportamiento, y el conocimiento financiero después de tomar el curso obligatorio de 60-90 minutos asesoramiento previo a la presentación. Las clases pre-presentación se centran en conceptos rudimentarios de finanzas personales que ayuden a buscar un deudor por la manera de reducir gastos o aumentar sus ingresos con el fin de mejorar su situación económica. El estudio también señaló que existen numerosos factores que juegan en la toma de una persona a declararse en quiebra. Estos resultados iniciales muestran que las clases obligatorias puede ser un medio legítimo para ayudar a resolver los deudores con sus finanzas y obtener un nuevo comienzo tras la quiebra.

Continue reading

by

One of the big changes to the Bankruptcy Code implemented in 2005 by the Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act (BAPCPA) is the requirement for debtors to attend mandatory credit counseling before filing the bankruptcy petition and to complete a financial education course before receiving their discharge. This law affects all Sacramento Area residents who have considered filing for Chapter 7 or Chapter 13 bankruptcy and serves as an absolute bar to discharge if not complied with.

Critics of this requirement argue that the mandatory classes add needless barriers to discharge, are condescending, and put debtors who may be experiencing economic distress through no fault of his or her own, like those who have been laid-off or incurred substantial medical debts, in the same category as those who are unable to manage their financial affairs. Supporters of the mandatory classes mark the educational value these courses provide to a debtor. To evaluate whether these mandatory classes warrant any justification, the University of Illinois along with Money Management International (MMI), the largest nonprofit, full-service credit-counseling agency launched a multiphase study that “tracks debtors through the entire bankruptcy process…to assess the long-term educational requirements on their overall financial well-being.”

Preliminary results of the study, published today by the University of Illinois, indicate that 99 percent of debtors noted improvements in their attitudes, behavioral intentions, and financial knowledge after taking the mandatory 60-90 minute pre-filing counseling course. The pre-filing classes focus on rudimentary personal finance concepts that assist a debtor look for ways to cut expenses or increase their income in order to improve their economic situation. The study also noted that numerous factors exist which play into an individual’s decision to file for bankruptcy. These initial results show that the mandatory classes may be a legitimate way to help debtors deal with their finances and obtain a fresh start after bankruptcy.

Continue reading

by

Como un abogado de bancarrota en Sacramento a menudo tomo interés en los asuntos que afectan a mis clientes en el área metropolitana de Sacramento. Según un artículo publicado ayer en el New York Times, los propietarios de viviendas en todo el país están comenzando a tomar ventaja del retraso cada vez mayor entre el desalojo y la aplicación del proceso de ejecución hipotecaria por un deudor hipotecario. En el artículo “Owners Stop Paying Mortgages, and Stop Fretting” por David Streitfeld, el New York Times señala que las instituciones financieras han empezado el proceso de ejecución frente al 1,7 millones de hogares en todo el país. Si bien estas cifras sonidos asombrosos, muchos propietarios se han quedado en sus casas mucho más allá del tiempo normalmente asignado al proceso de ejecución hipotecaria.

El tiempo promedio de desalojo se ha incrementado desde 251 hasta 438 días a partir de la delincuencia original del prestatario en los pagos hipotecarios desde 2008. Si bien el proceso de ejecución hipotecaria siempre se ha mantenido un lento, y en California es de aproximadamente 3 meses, el desfase entre un banco de partida de todo el proceso y la expulsión definitiva de los dueños de casa se ha convertido en una aún más larga. Esta vez mayor entre la exclusión y el desalojo se puede atribuir a varias barreras que enfrentan las instituciones financieras en este entorno económico actual.

En primer lugar, muchos prestatarios han instituido desafíos legales contra el deudor hipotecario, en un intento de anular el embargo total o evitar la responsabilidad personal por el préstamo de violaciónes de que el prestamista pueda haber cometido al prestar el préstamo. Por ejemplo, The Truth in Lending Act (TILA) requiere que los prestamistas incluyen lenguaje específico y revelaciones de los documentos que proporcionan a los prestatarios en la originación de un préstamo. Si un prestamista no proporciona estas declaraciones, el prestatario no puede ser considerado personalmente responsable de cualquier defecto en la propiedad. Esto significa que un prestamista no puede demandar a un prestatario por la diferencia entre la cantidad del préstamo y el precio de remate hipotecario. En segundo lugar, algunos gobiernos estatales y locales han impuesto moratorias sobre la ejecución hipotecaria. En tercer lugar, el gobierno federal ha comenzado a ejercer presión a las compañías hipotecarias para ofrecer modificaciones de préstamos a propietarios en dificultades. Por último, muchos de los prestamistas están gravemente atrasados con las ejecuciones múltiples y los prestatarios morosos que simplemente no pueden llegar al proceso hasta mucho después de que se le permitiría continuar con el desalojo de acuerdo a la ley.

Continue reading

by

As a Sacramento Bankruptcy Attorney I often take interest in matters that affect my clients in the Sacramento metropolitan area. According to an article published today in the New York Times, homeowners across the nation are beginning to take advantage of the increasing delay between eviction and the implementation of the foreclosure process by a mortgagor. In the article “Owners Stop Paying Mortgages, and Stop Fretting” by David Streitfeld, the New York Times notes that financial institutions have begun the foreclosure process against 1.7 million households across the country. Even though this number sounds staggering, many homeowners have stayed in their homes far beyond the time typically allotted to the foreclosure process.

The average eviction time has increased from 251 to 438 days from the borrower’s original delinquency on the mortgage payments since 2008. While the foreclosure process has always remained a slow one, and in California takes approximately 3 months, the lag between a bank starting the entire process and the ultimate eviction of the homeowner has become an even longer. This increased time between foreclosure and eviction can be attributed to several barriers facing financial institutions in this current economic environment.

First, many borrowers have instituted legal challenges against the mortgagor in an attempt to void the lien entirely or avoid personal liability on the loan for violations that the lender may have committed when providing the loan. For example, The Truth in Lending Act (TILA) requires that lenders include specific language and disclosures in the documents they provide to borrowers upon origination of a loan. If a lender fails to provide these disclosures then the borrower cannot be held personally liable for any default on the property. This means a lender cannot sue a borrower for the difference between the loan amount and the foreclosure sale price. Second, some state and local governments have imposed moratoriums on foreclosure. Third, the federal government has begun to apply pressure to mortgage companies to offer loan modifications to distressed homeowners. Lastly, many of the lenders are severely backlogged with multiple foreclosures and delinquent borrowers that they just cannot get to the process until well after they would be permitted to proceed with eviction according to law.

Continue reading

by

Residentes de Sacramento en la zona que consultar con mi firma de abogados suelen plantearse preguntas acerca de sus derechos con respecto a los acreedores que esten en contacto con ellos una vez que se han convertido en morosos el pago de sus cuentas de tarjetas de crédito o hipotecas. Esta situación muchas veces llega a ser extremadamente frustrante o aterrador para una persona que ya está bajo mucho estrés debido a su situación financiera turbulenta.

Cuando el deudor se atrasa en las facturas de su crédito el acreedor puede ser particularmente molesto. De hecho, frecuentamente, el acreedor se hace francamente desagradable. Estas medidas suelen ser un intento por parte del acreedor a la vergüenza o persuadir a un deudor a pagar los saldos adeudados o hacer un último esfuerzo para recuperar una parte de la deuda. He oído historias de horror numerosos en relación con la extrema y, a veces escandaloso comportamiento acreedores han tomado con el fin de “persuadir” a un deudor para pagar. Este tipo de conducta por parte de los acreedores es vergonzoso. Afortunadamente, la ley de California establece que la conducta escandalosa de un acreedor se puede detener! Sin embargo, para que un deudor silenciar el cobrador de deudas agresivos, hay que tener una comprensión de la ley el acoso de acreedores que se aplica a él o ella en California.

Ambos leyes federales y estatales protegen los deudores individuales del acoso de un acreedor. Esto incluye tanto los métodos empleados y llevar a cabo por el acreedor contra el deudor. La Feria Nacional de la Deuda Colecciones Prácticas Hechos (NFDCPA) es el estándar federal que limita las medidas que un acreedor puede realizar para cobrar una deuda contraída con ellos. Homólogo de California se conoce como la Ley de Rosenthal y se presenta en Código Civil de California § 1788.

Continue reading

by

Sacramento area residents who consult my law firm often have questions regarding their rights with regard to creditors who contact them once they have become delinquent paying their credit card bills or home mortgages. This situation often times becomes extremely frustrating or frightening for a person already under significant amount of stress due to his or her turbulent financial situation.

Once a debtor falls behind on his or her credit bills a creditor can become particularly bothersome. In fact, often times, the creditor becomes downright obnoxious. These measures are typically an attempt by the creditor to shame or persuade a debtor into paying the balances owed or make a last ditch effort to recover some portion of the debt. I have heard numerous horror stories regarding the extreme and sometimes outrageous behavior creditors have taken in order to “persuade” a debtor to pay. This sort of conduct by creditors is shameful. Fortunately, California law provides that a creditor’s outrageous conduct can be stopped! However, in order for a debtor to silence the aggressive debt collector, one must have a grasp of the creditor harassment law that applies to him or her in California.

Both federal and state law protects individual debtors from a creditor’s harassment. This includes both methods and conduct employed by the creditor against a debtor. The National Fair Debt Collections Practices Acts (NFDCPA) is the federal standard that limits the measures a creditor may engage in to collect a debt owed to them. California’s counterpart is referred to as the Rosenthal Act and is laid out in California Civil Code § 1788.

Continue reading

by

News FlashAccording to the Wall Street Journal, California and Arizona are responsible for between 36%-46% of the year to date increases in consumer bankruptcy filings across the nation. While bankruptcy filings in April have been marginally lower than the filings from March, they still remain 15% above the statistics from April 2009. California, specifically, has seen a 40% jump in personal bankruptcy filings since this time last year.

144,490 people filed for personal bankruptcy in March throughout the entire United States. The Eastern District of California, the jurisdiction that oversees the bankruptcy process in the Sacramento area has seen approximately 32,000 Chapter 7 filings since January 1st alone. Economists predict that individual bankruptcy filings will top 1.5 million in 2010. This number exceeds the 1.4 million consumer bankruptcies filed in 2009, which has been the highest number of filings since Congress changed the bankruptcy laws in 2005. Congress reformed the system five years ago in order to reduce the number of bankruptcy filings by making it more difficult for individuals to qualify under Chapter 7.

If you or someone you know have been affected by the recent economic collapse and have considered filing for bankruptcy, you should take action now and discuss your financial situation with a Sacramento Bankruptcy Attorney.

by

News FlashSegún el Wall Street Journal, California y Arizona son responsables de entre el 36% -46% de los años a los aumentos de la fecha en declaraciones de quiebra de consumidores en todo el país. Si bien declaraciones de quiebra en abril han sido ligeramente inferiores a las limaduras de marzo, todavía estaban por encima de 15% a abril de 2009. California, específicamente, ha sido testigo de un salto del 40% en declaraciones de quiebra personal desde hace un año.

144.490 personas se declaró en marzo quiebra personal a través de todo Estados Unidos. El Distrito Este de California, la jurisdicción que supervisa el proceso de quiebra en el área de Sacramento ha visto alrededor de 32.000 solicitudes presentadas del capitulo 7 desde el primero de enero solo. Los economistas predicen que las solicitudes individuales de quiebra superará 1,5 millones en 2010. Este número supera los 1,4 millones de consumidores que han presentado en quiebra en 2009. Esto ha sido el mayor número de solicitudes presentadas desde que el Congreso cambió las leyes de bancarrota en 2005. Congreso reformó el sistema hace cinco años con el fin de reducir el número de declaraciones de quiebra por lo que hace más difícil para los individuos para calificar para el Capítulo 7.

Si usted o alguien que usted conoce ha sido afectado por el Crisis económico y han considerado la declaración de quiebra, usted debe tomar acción ahora y hablar por su situación financiera con un abogado de Bancarrota de Sacramento.

by

El presidente Obama firmó la legislación que afecta a miles de los estudiantes universitarios, junto con el proyecto de ley aclamados de atención de salud el 30 de marzo de 2010. Esto cambia la forma en la revisión los estudiantes financiar su educación univeritario. Más alta de Obama reforma la educación incita a las personas que buscan obtener un préstamo para pagar la matrícula y los gastos relacionados con la educación para tomar los préstamos directamente del gobierno federal lugar de los prestamistas privados. La ley también tapas de los reembolsos de un graduado de los préstamos al 10 por ciento de su salario, que actualmente es del 15 por ciento. Diseñado para ahorrar el gobierno federal $ 68 mil millones de dólares y agilizar todo el proceso de préstamo, los estudiantes pueden, no obstante se encuentran en la misma situación exacta como lo hacen ahora si no pueden darse el lujo de pagar sus préstamos: quemado.

Las actuales leyes de bancarrota permite a un estudiante para el cumplimiento de sus préstamos de estudiante sólo si él o ella puede demostrar que el pago de este préstamo constituye una “dificultad excesiva.” La definición de “dificultad excesiva” sigue siendo vaga a la mayoría de los tribunales y se ha aplicado a los deudores en forma incompatible. De todos modos, “dificultad excesiva” sigue siendo una norma de calidad para un deudor estudiante de probar en la corte de bancarrota. Básicamente, esto significa para un deudor estudiantiles, para asegurarse de que sus préstamos a los estudiantes que puedan ser expulsados por la quiebra que él o ella tendría que probar que ella no tiene forma de producir ingresos, un nivel difícil de alcanzar.

La legislación propuesta este mes, en la Cámara de Representantes de EE.UU., pretende modificar el código de quiebra y permitir a las personas a fin de incluir los préstamos privados para estudiantes con su capítulo 7 de presentación haciendo que el préstamo privado quitó junto con los saldos de tarjetas de crédito, deudas de juego, y las hipotecas. Según el artículo por Andrea Fuller, Lawmakers Introduce Bills to Change Student-Loans Bankruptcy Policy, este nuevo proyecto de ley trata de eliminar las “dificultad exesiva” estándar para elimiar los préstamos estudiantiles privados. Sorprendentemente, sin embargo, la legislación sigue siendo completamente en silencio con respecto a la inclusión de un deudor de los préstamos estudiantiles en la quiebra que han sido proporcionados por el gobierno federal.

Continue reading

by

President Obama signed sweeping legislation affecting thousands of college students along with the acclaimed health-care bill on March 30, 2010. This overhaul changes the way students will finance their higher education. Obama’s higher education overhaul encourages individuals seeking to borrow money to pay tuition and education related expenses to take the loans directly from the federal government instead of private lenders. The law also caps a graduate’s repayments of the loans to 10 percent of their salary, which currently stands at 15 percent. Designed to save the federal government $68 Billion dollars and streamline the entire lending process, students may nonetheless find themselves in the exact same situation as they do now if they cannot afford to pay their loans: STUCK.

Current bankruptcy laws allow a student to discharge his or her student loans only if he or she can show that paying the loan constitutes an “undue hardship.” The definition of “undue hardship” remains vague to most courts and has been applied to debtors inconsistently. Regardless, “undue hardship” continues to be a high standard for a student debtor to prove in bankruptcy court. Basically, this means for a student debtor to ensure that his or her student loans would be discharged through bankruptcy he or she would have to prove that she has no way of producing income; a difficult standard to achieve.

Legislation proposed this month, in the U.S. House of Representatives, seeks to alter the bankruptcy code and permit individuals to include private student loans with his or her Chapter 7 filing by having the private loan stripped off along with credit-card balances, gambling debts, and mortgages. According to Andrea Fuller’s article, Lawmakers Introduce Bills to Change Student-Loans Bankruptcy Policy, this new bill seeks to eliminate the “undue hardship” standard for private student loans. Surprisingly, however, the legislation remains completely silent with regard to a debtor’s inclusion of student loans in the bankruptcy that have been provided by the federal government.

Continue reading
Contact Information
428 J Street, Suite 400
Sacramento, CA 95814
Phone: (916) 361-6028



We are a Debt Relief Agency under the United States Bankruptcy Code. We help people file for bankruptcy relief under the Bankruptcy Code.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please do not include any confidential or sensitive information in a contact form, text message, or voicemail. The contact form sends information by non-encrypted email, which is not secure. Submitting a contact form, sending a text message, making a phone call, or leaving a voicemail does not create an attorney-client relationship.

Copyright © 2024, Matthew D. Roy
JUSTIA Law Firm Blog Design